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| Precio del barril: en un callejón de difícil salida |
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| El debate desatado en torno al incremento tarifario a consumidores residenciales de gas parece anticipar lo que podría ocurrir en caso de que el planteo de las provincias petroleras pudiera prosperar: si se logra que Nación autorice un incremento de 3 dólares en el precio de referencia del barril de petróleo para el mercado interno, la consecuencia inminente sería un aumento en los precios de los combustibles que fuentes del sector situaron en un promedio de 10 por ciento. Hoy por hoy, hay escepticismo en torno a las posibilidades reales de lograr el objetivo buscado. Con equipos de perforación caídos y mil trabajadores en sus casas, vale recordar que aquel planteo apuntaba a recuperar la inversión y niveles de producción. |
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Con el gobierno nacional en un delicado equilibrio fiscal, cercado por el malhumor social que ha desatado el tema tarifario y la perspectiva de un conflicto en provincias petroleras en caso de retroceder en el gas o no avanzar con el petróleo, es comprensible por qué Daniel Cameron salió a advertir que no habrá respuesta positiva a la expectativa de los gobernadores patagónicos.
En efecto la postura del funcionario nacional fue clara al afirmar precisamente en Neuquén que las operadoras ya han obtenido mejoras de precios en el barril de crudo, “a través del programa Petróleo Plus”.
Tal apreciación es desmentida por fuentes de la industria en el golfo San Jorge, al recordar que aquel mecanismo de incentivos lanzado en diciembre último sólo ha sido viable para sostener niveles de producción, pero no así para incrementarlos. Desde esa perspectiva, sigue siendo mucho más el petróleo que se liquida al precio actual, fijado en 42 dólares para la región (menos descuentos por penalización) que por la mejora resultante de aquellos certificados que en la práctica permiten deducir algunos puntos de retención sobre crudo exportable.
La discusión planteada por las asociaciones de usuarios y legisladores opositores en torno al incremento tarifario del gas ha sumado un nuevo elemento, que condiciona cualquier posibilidad de avanzar en mejorar el precio interno del crudo. Al menos, ese condicionante estará dado siempre que la otra parte de la negociación (encabezada por las empresas refinadoras) amenace con trasladar a tarifas cualquier modificación en los precios de referencia.
Al mismo tiempo, no parece mal la postura del gobierno de diferenciar las aguas y tomar tiempo para evaluar cuáles operadoras son mecedoras de nuevos incentivos, a partir de haber mantenido decisiones de inversión y cuáles han mostrado una actitud en retirada. Pero en la práctica, bajo la misma lógica de funcionamiento que el Estado ha impreso a la actividad, aquellos incentivos no han sido útiles para recuperar niveles de producción a los que se apuntaba.
Los dichos del dirigente petrolero Mario Mansilla sobre la posible segmentación de precios, tomando una referencia menor para las refinadoras y una mayor para las productoras sin refino, sumó un nuevo elemento a la discusión.
En ese caso, la pregunta es quién pondrá el dinero faltante: si el refinador sigue pagando a 42 dólares el crudo Escalante, pero la petrolera que lo extrae percibe 45, los 3 dólares de diferencia deberían ser cubiertos por el Estado nacional o por los consumidores de combustibles.
Si el gobierno siguiera su propia “receta”, aplicada para elevar el precio del gas en boca de pozo, debería crear un “fondo fiduciario” para solventar ese mayor precio, que es en definitiva lo que ha creado con el recargo a los usuarios de gas. Dicho fondo, ¿será aportado por un incremento en el precio de los combustibles?
Objetivos difusos
Las especulaciones que se desprenden pueden ser múltiples y en cada paso parece añadirse menos claridad, en un mercado energético al que se le apagan cada vez más luces.
En ese contexto también parecen perderse de vista las prioridades: cuando se comenzó a plantear la mejora del precio fue para incrementar márgenes de rentabilidad que viabilicen mayor inversión. Esto posibilitaría apuntalar objetivos de elevar la producción y así reincorporar los equipos de perforación paralizados en la región, además de los casi mil trabajadores que hoy no tienen ocupación laboral pero que continúan percibiendo una ayuda salarial a la espera de una hipotética reactivación.
En tanto el sindicato también aspira a lograr mejoras salariales en caso de conseguir un mayor precio, algunos observadores comenzaron a advertir que la medida no dará los resultados esperados.
Queda además la carta política. La postura de los legisladores comodorenses Marcelo Guinle y Mario Pais, en contra del incremento tarifario (que sustentará parcialmente el desarrollo de proyectos gasíferos según el anuncio presidencial), podría ser “facturada” por el gobierno nacional en momentos en que el gobernador de Chubut intenta argumentar por qué es necesario que se eleve el precio del barril en boca de pozo. |
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