Tan prolijo e institucional que parece a comparación de los otros dos, en realidad el Poder Judicial chubutense estalla de internas que ponen en peligro concreto la eficacia del servicio que presta y aunque no se diga en voz alta, cada día razones humanas como los celos, las envidias y las ambiciones ponen al borde de la cárcel a inocentes y liberan a delincuentes por lo menos peligrosos. Este diagnóstico no es un capricho analítico. Un episodio reciente muestra los tensos recelos en un área del Estado provincial que, paradójicamente, colapsa en más de un aspecto aunque suela publicitarse su mejor costado: las mejoras informáticas de su gestión o la rapidez que le imprimió a los procesos el Código Procesal Penal. Y si hay deterioro oculto no es sólo por motivos presupuestarios.
Es bien sabroso el jury de enjuiciamiento que destituyó al defensor público Javier Reuter, primer funcionario judicial que no superó la revisión que a los tres años de la asunción realiza el Consejo de la Magistratura. La acusación es bien nutrida: faltar a su trabajo, maltratar a los presos y a sus familias, no saber trabajar en equipo, carecer de una formación jurídica mínima, faltar a la ley de ética pública, etcétera. No hace adentrarse en detalle en su conducta para dimensionar lo mal que puede estar la Justicia. Los testimonios y los expedientes que se leyeron en el Superior Tribunal de Justicia incluyeron datos de consumo interno que rozaron lo insólito.
En realidad, algunos vicios que le imputaron a Reuter ya habían sido desestimados por el mismo Consejo que ahora lo mandó al muere, lo que ya es al menos curioso cuando no preocupante. El hombre concursó más de una vez para un cargo y los pasillos de tribunales saben que accedió a la Defensoría casi por cansancio y tras varias pruebas fallidas. Decir que entró “de lástima” sería repetir lo que aseguran varios altos funcionarios. De otro modo no se explica cómo los consejeros –que siempre trabajan con juristas invitados- no detectaron sus evidentísimas fallas de formación jurídica, preocupantes y que pusieron en riesgo el servicio de justicia, al decir de la acusación del procurador general Jorge Miquelarena. Al menos la mitad de los consejeros que le dieron trabajo en 2006 levantaron la mano para enjuiciarlo por los mismos motivos que entonces debieron impedir su elección.
Reuter no tuvo pelos en la lengua. Al borde del abismo dijo que la Defensoría que maneja Hugo Barone funciona cual “mafia” y se mostró víctima de una persecución por su incapacidad física, ya que le falta un brazo. Todo, claro, sin denuncias ni investigaciones previas. ¿Hubiese blanqueado tal acusación sin juicio de por medio? ¿Qué hubiese cedido en una hipotética negociación? Al borde del grotesco, presentó como prueba una breve filmación de su celular al pariente de un defendido suyo, en una calle cercana a Tribunales, que presuntamente revelaba la trama contra Reuter. No eran sólo malas imágenes inaudibles o personas sin identificación certificada: era un defensor público haciéndole una cámara oculta a un ciudadano. El intento dio vergüenza ajena. Con razón o no, el hombre a esas alturas actuaba bajo presión y jugó demasiado fuerte estando aún en funciones. La interna lo abrumaba y decidió filmar, así como pudo decidir ponerle un arma en la cabeza a cualquiera. No es una exageración. Los asistentes al jury se miraban entre sí porque nadie podía creer la situación.
Los cuatro testigos que presentó fueron de película. El ex presidente del Banco Chubut, Jorge Barcia, condenado por estafar al Estado en la Megacausa, apenas aseguró que Reuter se ocupó mucho de su caso individual, más de lo habitual para un empleado público; luego una tal Lilia, concuñada de Jorge Arrechea –condenado por lo mismo que Barcia-, dijo que vio a Reuter todos los días en aquel juicio; un ex empleado de la Oficina Judicial deslizó que al acusado lo controlaban más que a otros defensores pero no brindó evidencia; la frutilla del postre indigesto fue una ama de casa estudiante de Derecho que alguna vez se sentó al lado del acusado en un curso que organizó el Centro de Estudiantes de Abogacía de Trelew. La idea es que los dos primeros dieran fe de que Reuter no podía con la rutina de presos debido a que se pasaba el día en la Megacausa. Como ningún compañero de oficina pudo ni quiso avalarlo, no tuvo mejor idea que acudir a uno de los cerebros de la estafa al Banco Chubut SA y una pariente de otro de los involucrados. La “ayuda” de ambos fue endeble e imprecisa; tanto, que Miquelarena optó por preguntar poco y nada, consciente de que Reuter se enterraba solito.
El ex empleado reveló sospechas personales producto de inferencias e intrascendentes anécdotas de oficina que no son evidencia en un tribunal, pero avisó que todos sabían de las “terribles internas y enfrentamientos” en la Defensoría; la última testigo no duró 5 minutos en el banquillo y generó sonrisas en prensa, empleados y protagonistas. Claramente, la elección y los dichos de los testigos de Reuter bordearon la tomada de pelo al Estado, una estrategia poco seria que obligó a gastar recursos y horas-hombre. No se trata de no tener derecho a defensa sino de ajustar los mecanismos institucionales, que en ocasiones así chorrean grasa del manoseo.
La capacitación de Reuter cubre de sospechas la capacidad del recurso humano. Su ex jefe Barone confesó lisa y llanamente que sus deficiencias fueron las más notables que chequeó en sus 10 años al frente de la Defensoría. Hubo varias notas internas advirtiendo este agujero negro pero fue necesario un jury después de 3 años de trabajo para que los anticuerpos institucionales funcionaran. Ante la escasez de candidatos, el sentido común sospecha con justicia que este caso individual de mal desempeño no es excepcionalísimo sino más bien un riesgo concreto para la justicia chubutense, que no filtró al funcionario ante la urgencia de tapar goteras. De paso, esas mismas comunicaciones internas, que se repitieron, reflejan un escenario judicial con dificultades notorias en las relaciones humanas.
Perdido por perdido, Reuter recordó un presunto pasado de “funcionarios de la dictadura militar” de Barone y de su defensor adjunto, Alfredo Pérez Galimberti y los consideró una “jauría de perros salvajes que destruyen a quien los denuncia y lo condenan a la muerte civil, por ejemplo dejándolos sin empleo”. No es tan raro que una persona castigue a superiores si ya se siente fuera. Lo particular en este caso es el violento lenguaje que el destituido desparramó en ambas audiencias, con dichos de vuelo bajo impropios para quien debió defenderse con evidencias. Otro dato: contraatacó con trazos gruesos, sin la solvencia, la creatividad o la picardía de los buenos defensores. ¿En manos de quién estaban los presos que atendió Reuter? Quien haya escuchado alegar a Pérez Galimberti sabe que por adversa que venga la cosa, cualquier argumento se puede invertir si hay formación jurídica, se convenza o no al tribunal.
Algo aportó el defensor Guillermo Hervida, quien acusó a Barone, Pérez Galimberti y un par de funcionarios jerárquicos de no dar la cara ante el tribunal. “Prefieren quedarse en sus sillones cómodos, en su gran palacio, porque total son atendidos por 200 abogados”. Esa es la imagen que un abogado tiene de su corporación y que eligió para una defensa ante colegas del fuero, diputados provinciales, Procurador General y un ministro del Superior Tribunal de Justicia. Nunca es casualidad lo que se dice en un evento así.
Para los testigos directos de ambas instancias, el jury recordó mucho al juicio político que destituyó a Eduardo Samamé: además de que ambos casos hicieron historia institucional, abrieron la puerta de un mundo de infidelidades profesionales y de las otras; grupos humanos enfrentados; ambiciones personales afectando seriamente el servicio de Justicia; viejos rencores que alimentan nuevas peleas; inocentes desprotegidos y culpables impunes. Este cóctel existe y mancha alfombras, corbatas y corrección política, la imagen que el Poder Judicial quiere para sí. |
