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| Por qué es necesario sincerar precios |
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| Un mayor precio de petróleo y gas no sólo es importante para producir más ingresos por regalías a las diez provincias que en el país poseen yacimientos hidrocarburíferos, sino también para incrementar márgenes de rentabilidad que posibiliten recuperar inversiones tendientes a sostener la producción y a elevar las reservas. Por ejemplo en Neuquén hay yacimientos con nuevas reservas gasíferas, pero éstas se alojan en las llamadas arenas compactas y, a valores que hoy resultan muy inferiores a los que rigen en el mercado internacional para este fluido, el costo de extracción resulta más alto que el beneficio de producir el gas. |
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Con valores promedio de entre 5 y 9 dólares por Millón de BTU en el mercado internacional, en Argentina en los últimos años el precio se ha mantenido en torno a 1,80 dólar, mientras que para sectores industriales oscila entre entre 2 y 3 dólares por unidad de medida.
También resulta fundamental elevar el precio del barril de petróleo, porque sin mayor rentabilidad para las operadoras que lo extraen continuarán reduciéndose los márgenes de reinversión para incrementar la producción. Al mismo tiempo, es necesario recuperar la tarea exploratoria que, a nivel país, ha caído drásticamente durante los últimos años.
Ambos temas son de sensible relación con las cuencas Neuquina y San Jorge, ya que en la primer se habla de 40.000 puestos de trabajo en riesgo, según ha planteado el sindicato del sector. Algo menos presionado pero igualmente ante una situación de compleja resolución, la provincia de Chubut afronta la próxima finalización del acuerdo de paz social con alrededor de mil operarios aguardando retornar a sus puestos y esquemas de trabajo fijos.
Similar panorama se da en Santa Cruz, por lo que las definiciones que se adopten en las próximas horas, tras la reunión de la OFEPHI y una próxima instancia con el Ministerio de Planificación Federal, resultan cruciales para definir el futuro inmediato. La posibilidad de que el tema sea tratado en el Congreso de la Nación suma una perspectiva de nuevas demoras que, de producirse, llevarían las situaciones sociales al límite.
El sindicato neuquino ha advertido en las últimas horas que desde el mes próximo iniciará un plan de lucha con cortes de gas, afectando especialmente a Buenos Aires, como una medida de presión para que se liberen los precios del fluido.
Lo que ocurrió en Neuquén es sintomático de una política energética hecha de anuncios y de parches, pero que requiere definiciones de fondo y que permitan planificar el mediano y largo plazo, además de brindar las soluciones que demanda la actualidad.
Semanas atrás, la presidenta Cristina Fernández convocó a un acto de gobernadores y firmó el acuerdo para que la empresa dedicada a la administración del mercado eléctrico mayorista abone un precio más alto por el gas en boca de pozo, situándolo por encima de los 2 dólares por Millón de BTU. Paralelamente se anunciaron inversiones por valor de 300 millones de dólares para reactivar la producción en una cuenca que bajó de 40 a 18 millones de metros cúbicos diarios su producción gasífera.
Sin embargo, parte de aquellos fondos de inversión tenían financiamiento a través del Fondo Fiduciario creado para solventar las importaciones de gas. El Fondo quedó sin financiamiento al anularse los incrementos tarifarios de gas para usuarios residenciales, de allí que aquellos anuncios y expectativas perdieron sustento.
Algo similar ocurrió en noviembre del año pasado, cuando se anunciaron con fuegos de artificio los programas Petróleo y Gas Plus. A poco de aquellos actos, la realidad de un mercado internacional en baja dejó en clara que tales instrumentos no eran suficientes para corregir un rumbo que, al reflejar resultados en el sotck de reservas hidrocarburíferas, acumula más de diez años en caída libre.
El documento que por estas horas se prepara a difundir la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, en el que se apuntaba a plantear un consenso general entre las provincias productoras para llevar como postura unificada ante el ministro de Planificación Federal Julio de Vido, podría plasmarse sólo en una nueva (y frustrada) expresión de deseos si es que desde Nación no se termina de decidir avanzar con claridad en el tema.
Como ya se ha dicho, las refinadoras han advertido que de incrementarse el precio del barril de crudo habrá un traslado a los precios de los combustibles, en porcentajes que se ubicarían entre el 15 y 30 por ciento. En las negociaciones de las últimas semanas se han evaluado mecanismos para evitar o al menos atenuar el impacto de esos incrementos, de manera de no tocar otra sensible variable como es la inflación.
Al mismo tiempo, un incremento del precio de petróleo debería necesariamente promoverse a través de una reducción de las retenciones sobre exportación, de allí que el gobierno nacional debe evaluar el impacto sobre su delicada estructura fiscal: de todos modos, con exportaciones que vienen cayendo por el desacople con los precios internacionales, tampoco puede haber mayores proyecciones recaudatorias.
En los últimos días se especuló con la posibilidad de volver a un esquema de retenciones máximas de un 45 por ciento, lo que implicaría una reducción importante frente a los niveles de captación que implica el esquema de retenciones móviles. Si esto se concreta, sería un camino intermedio entre la postura de las operadoras que buscan mayor precio y un Estado nacional que no puede perder fuentes de recaudación.
Por estas horas, las cartas están sobre la mesa: quienes deciden sobre el tema tienen la opción de buscar un nuevo esquema de precios, procurando impactar lo menos posible sobre los sectores sociales más vulnerables, o seguir fugando hacia adelante. Esta última opción no parece adecuada, salvo que se opte por pagar en un par de años los precios de petróleo y gas a valores de importación, porque el país dependerá cada vez más de las compras externas en la medida que no encuentre las herramientas para promover un desarrollo sustentable de la actividad en sus yacimientos. |
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