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Operadoras: cuáles son los parámetros
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| La sensibilización provocada por el llamado a licitación de la operadora YPF para establecer nuevos parámetros en su relación contractual con empresas de servicios en todas sus operaciones del país, abre el marco adecuado para establecer criterios claros respecto de cuáles son las exigencias que deben plantearse –desde el Estado y sus niveles de decisión, en aras de priorizar el desarrollo regional- hacia las operadoras en tanto usufructúan un recurso natural no renovable. Tratándose de una renta global del orden de los 100 millones de barriles anuales que salen de la cuenca, con un monto bruto facturado en alrededor de 4.200 millones de dólares, debería saberse con claridad cuáles son los planes previstos para reinvertir en la región y de qué manera se reinyecta en el ciclo económico local. |
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El nivel de facturación de las empresas locales, es decir aquellas que han nacido al influjo de un emprendimiento propio de la zona, debería ser un termómetro directo del nivel de compromiso de las operadoras con las economías de la región en la que están insertas.
No se trata sólo de reclamar un derecho de localía por el solo hecho de una ubicación geográfica en particular, sino fundamentalmente porque el desarrollo regional necesariamente comprende la fusión entre emprendedores y nuevos conocimientos, que a su vez arraigan en un ámbito para desde allí ofrecer alternativas productivas para un mercado con creciente tendencia global.
Tras los anuncios públicos de compromisos con las empresas regionales, resurgieron las dudas en torno a los alcances que tendrá el llamado a licitación nacional para servicios de operación y mantenimiento de la petrolera YPF.
Es que al influjo del análisis de los pliegos han comenzado a observarse ítems de cotización que plantean serios interrogantes de cara a la contención laboral de una importante cantidad de operarios, a raíz de que en algunos tipos de servicio la operadora habría fijado menor cantidad de personal que la que viene desempeñándose hoy en determinadas tareas.
Se trata de un tema complejo ya que, según se ha reconocido desde la propia Cámara de Empresas Regionales, hoy el mercado laboral tiene una sobredimensión por efecto de acuerdos políticos de los últimos años. Sin embargo, un desprendimiento abrupto de personal (o las reducciones por “goteo” que vienen acusando varios sectores) terminará siendo un remedio de dudoso efecto en una situación social de por sí complicada, al amparo de la propia dinámica de la economía petrolera.
En su línea argumental, desde el entorno de la operadora se escucha decir que ha habido contratistas que cotizaron servicios repitiendo en varios renglones a un mismo empleado, pero es de suponer que tales conductas son más bien excepciones, antes que una regla generalizada.
No habría que esperar filantropía de parte de la operadora, ni de ésta ni de ninguna otra. Antes más bien sería menester conocer los planes de inversión para el año 2010. Dichos planes deberían consistir no sólo en anuncios de cantidades de millones de dólares (que suelen impresionar a oídos ávidos de repetir anuncios muchas veces vacuos), sino puntual y concretamente en cuáles son los objetivos de producción y exploración en la cuenca del golfo San Jorge para el año próximo.
A partir de la renegociación de su contrato de explotación del yacimiento Cerro Dragón, Pan American ha comprometido metas de incremento de producción del orden del 9 por ciento anual (en comparación al año 2007), al tiempo que debe reponer reservas en una proporción de dos a uno por cada metro cúbico extraído. El Estado debería apuntalar las herramientas necesarias para verificar y controlar que tales compromisos se cumplan, en el marco del convenio vigente, que tiene también varios atenuantes para evitar cumplir aquellos compromisos.
Algunos números de esta operadora permiten conocer que en su yacimiento de Chubut trabajan 325 empresas, el 60 por ciento de las cuales es de origen local y alcanza un nivel de facturación de 295 millones de dólares, monto que es facturado directamente por las pymes regionales a la operadora de los hermanos Bulgheroni y la británica BP. Las grandes contratistas (empresas no locales, pero que operan con bases en la región) subcontratan a su vez por un monto de 65 millones de dólares, lo que totaliza 360 millones de dólares al año.
¿Es suficiente? Un parámetro aproximado sería estimar que la producción anual de PAE en Chubut se acerca al orden de los 1.400 millones de dólares, por lo que el nivel de facturación de las pymes de la región (lo que incluye el salario que se paga a sus trabajadores) se ubica en una incidencia aproximada al 25 por ciento. Un cuarto del producido, podría decirse, queda en la región. ¿Debería ser más? Al menos es un punto de partida para empezar a discutir.
Otro indicador que puede tomarse para esta operadora es el nivel de perforación de pozos nuevos versus pozos en actividad: este año ha anunciado que llegará a una cifra de 240 perforaciones, sobre 2.500 pozos en actividad. Es decir que el coeficiente de inversión se acerca al 10 por ciento.
En el caso de YPF no se conoce si hay parámetros tan claros para auditar su comportamiento, producto de que su contrato de concesión es fruto aún de la desregulación de la década del 90. Se ha anunciado oficialmente que este año su nivel de perforación creció un 25 por ciento, ubicándose el total de pozos en alrededor de 105 perforaciones en lo que va del año, pero el coeficiente resulta bastante más bajo frente a los varios miles de pozos que tiene activos en Santa Cruz.
También es racional el argumento del grupo Eskenazi de que no se puede producir más para un mercado interno saturado en su capacidad de refinamiento (y de almacenamiento), como también desincentivado por vía de retenciones para colocar excedentes de exportación. Sin embargo, una planificación energética de fondo debería estar evaluando cómo generar condiciones para favorecer inversiones en capacidad de refino, a fin de que el país no enfrente los periódicos déficits de gasoil que lo llevan a importar combustible en épocas de cosecha de la pampa húmeda.
Lo que falta, en todo caso, para fijar metas en cada discusión, es determinar si el Estado tiene los instrumentos adecuados para calibrar con precisión qué debe exigir y qué puede esperar del comportamiento de las operadoras.
Ello no es otra cosa que el celo puesto por un socio en la vigilancia de sus intereses, al fin y al cabo, tratándose de un recurso que debe administrar y cuidar para futuras generaciones. |
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