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| El espejo de Santa Cruz y la prórroga de Oxy |
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| La prórroga del contrato suscripta entre la provincia de Santa Cruz y la compañía Occidental Petroleum (Oxy) implica un nuevo punto de partida para el Estado santacruceño, ya que ésta es la primera negociación acordada según los criterios estipulados por el Marco Regulatorio aprobado en el mes de marzo por la Legislatura provincial. Con fórmulas precisas para establecer los compromisos de la compañía a la hora de fijar condiciones para la prórroga, el valor del canon para la extensión se fijó en 100 millones de dólares. La norma da además sustento legal a la exigencia de que el 70 por ciento de la mano de obra contratada debe tener residencia mínima de dos años en el territorio santacruceño, lo que obliga a sindicatos, empresas y gobiernos a observar el modo en que dicha condición comenzará a cumplirse en forma efectiva por todas las operadoras, limitando así el ingreso de trabajadores y empresas radicadas en Chubut, que comparte la cuenca del golfo San Jorge con la provincia vecina. |
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Desde el gobierno de Santa Cruz se enfatizó la importancia del canon de prórroga, al detallar que incluso el monto acordado, en 100 millones de dólares a los que se suman otros 30 en concepto de aportes de responsabilidad social, implican un monto aun superior al que hubiera determinado el Marco Regulatorio.
Según declaraciones del jefe de Gabinete, Pablo González, la aplicación de dicho Marco hubiera reportado unos 71 millones de dólares, mientras que lo obtenido en la negociación final representa “un 83 por ciento más que lo establecido” por la citada norma.
En efecto, la regla establecida para calcular el monto a pagar por la operadora fijó una fórmula por la que se consideran los volúmenes de producción desde el año 2003 en adelante, tanto de petróleo como de gas. Asimismo, en la fórmula se consideran los precios promedios de ambos hidrocarburos y los montos efectivamente percibidos por la operadora. A ello se integra también el stock de reservas entre los años límite de cada período (por ejemplo, entre 2003 y 2009) y se calcula un coeficiente de evolución de reservas (denominado CER), que surge de la división entre el volumen de reservas existente el último año y el primero (es decir, el volumen de reservas de 2008 dividido por el volumen de 2003). La fórmula establece luego un valor de renta que se multiplica por la cantidad de años a concesionar en el nuevo contrato y en base a esto surge el cálculo para fijar el monto del canon.
Retomando el caso concreto de Oxy, según las apreciaciones formuladas desde el ámbito gubernamental, aplicando la fórmula hubiera implicado un monto mínimo de 71 millones de dólares, pero en la negociación se fue por encima de esa referencia y se estableció en 100 millones de dólares.
Incluso el gobierno santacruceño fue más lejos en su apreciación y lo comparó con el contrato que en su momento firmó la provincia de Chubut con PAE, al afirmar que mientras esta operadora pagó 120 millones de dólares por una operación “tres veces superior”, en Santa Cruz se obtuvo un canon proporcionalmente superior con una operadora de magnitud menor a la del grupo Bulgheroni.
Incluso algunos observadores fueron más lejos y compararon también con el valor de 15 millones de dólares, acordado recientemente entre Chubut y la operadora Tecpetrol. Vale recordar que Santa Cruz acordó una regalía adicional de 3 puntos porcentuales, al igual que en Chubut, pero la diferencia está dado en el valor de renta adicional: mientras a Tecpetrol se le exige un ingreso adicional a partir de que perciba 50 dólares por barril (lo cual requiere modificaciones en el mercado interno, más allá de lo que el crudo cotice a nivel internacional) en Santa Cruz ese corte se fijó en los 70 dólares por barril.
Por lo pronto, las autoridades santacruceñas esperan sumar en el corto plazo alrededor de 350 millones de dólares, por los diversos conceptos establecidos en el contrato. Chubut por su parte recibió 120 millones de dólares por la renegociación con PAE y 15 millones de dólares que percibiría una vez que se apruebe el contrato con Tecpetrol.
Mano de obra santacruceña
Por otro lado, el Marco Regulatorio de Santa Cruz fija condiciones para la contratación de mano de obra, lo que representa uno de los puntos problemáticos de cara a la relación entre ambas provincias y de sus trabajadores.
Según establece el artículo 14 de la mencionada norma:
“En los acuerdos que se suscriban, se deberá establecer el compromiso por parte de los concesionarios, de promover la generación de puestos de trabajo perdurables mediante la implementación de políticas empresariales que fomenten la creación, fortalecimiento y consolidación de empresas y cooperativas locales proveedoras de bienes, obras y servicios para la industria petrolera mediante la implementación de programas de capacitación y tendiendo a generar condiciones operativas, financieras, plazos de contratación o mecanismos de otra naturaleza que permitan priorizar la contratación de empresas y proveedores locales propiciando de esta manera la utilización de puertos santacruceños en la importación de equipos e insumos para la industria petrolera, como asimismo en otras operaciones portuarias y de transporte marítimo, propiciando de esta manera el fortalecimiento de la economía y la calidad de vida de las comunidades santacruceñas. En los aspectos en que resulte procedente, se aplicarán las prescripciones establecidas en la Ley Provincial 2.738. En todos los casos la mano de obra que se ocupe deberá estar constituida al menos en un setenta por ciento (70%) por residentes en la provincia de Santa Cruz con una antigüedad mínima de dos (2) años, salvo que no resulte posible obtener la misma cuando el servicio a prestar requiera para su concreción de mano de obra específica o altamente calificada. El alcance de esta definición será establecido por el Instituto de Energía, ponderando la complejidad de las tareas a realizar”.
Este parece ser el punto que deparará no pocos conflictos en la cuenca del golfo San Jorge, a raíz de que el retiro de trabajadores chubutenses podría darse en forma paulatina y en la transición se podrían generar tensiones que, antes de ser atenuadas con responsabilidad institucional, parecen potenciarse en el discurso oficial:
"Chubut tiene una economía, según su gobernador, floreciente y con una desocupación casi cero; nosotros no, tenemos problemas en el flanco norte de Santa Cruz y no tenemos ningún problema en decirlo ni en disfrazarlo, tenemos desocupación y el mandato que tiene nuestra sociedad es que generemos empleo", afirmó el gobernador Daniel Peralta.
Hace algunas semanas el dirigente Mario Mansilla dijo que los petroleros chubutenses dejarán de ir a Santa Cruz en cuanto se active el sistema jubilatorio a través del fondo compensador, lo que permitiría retrotraer a unos 600 operarios que en sus jornadas laborales deben cruzan el puesto Ramón Santos hacia el sur. En la misma línea, recomendó a sus pares de Santa Cruz –en una especie de chicana- que gestionaran el mismo beneficio para sus afiliados en lugar de discriminar a los chubutenses.
De esta manera, la desconfiada relación existente entre ambos sindicatos ha sumado un punto de tensión, en una escalada que comenzó cuando ambos promovieron el bloque sindical patagónico para enfrentar a la Federación, con resultados ya conocidos: mientras Santa Cruz permaneció alineado con la entidad nacional, Chubut se desafilió y hoy maneja sus ingresos en forma autónoma.
Más allá del nuevo contrato, es claro que la cuenca compartida por las dos provincias comienza a edificar una frontera, reflejando así políticas “anti inmigratorias” impulsadas en otros lugares del mundo por países que se sienten amenazados por la llegada de nuevos habitantes. Así, la región transita cada vez de modo más pronunciado un camino totalmente inverso a la integración. |
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