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| Hidrocarburos: el laberinto de los precios |
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| Mientras la cuestión del precio del petróleo pareció definirse en las últimas semanas, a partir de algunos anuncios de funcionarios que dieron por sentado un nuevo incremento del barril de crudo, que se elevaría desde los actuales 45 dólares por barril hasta 50 al finalizar el mes de julio, las dudas siguen pasando por la cuestión del gas. En efecto, con un promedio de 2 dólares por Millón de BTU –tal el precio de referencia abonado por la industria- la cotización internacional sigue siendo demasiado lejana, tal como refleja el reciente acuerdo con Bolivia, a la que Argentina abonará 7,37 dólares por Millón de BTU. |
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La brecha con los precios internacionales en el mercado del gas es aún muy amplia y resulta el principal factor por el que la industria esgrime sus argumentos a la hora de explicar la retracción de inversiones.
Y si bien los estímulos enmarcados en los planes de “Gas Plus”, por el que se reconoce un mayor precio para los volúmenes resultantes de nuevas áreas, han arrojado algunos resultados positivos, esos factores no alcanzan para equilibrar toda la ecuación.
En el marco de ese programa, la unidad térmica llega a pagarse un promedio de hasta 5 dólares, pero en algunos casos se advierte que para yacimientos de mayor complejidad (como los de trampas arenosas, que requieren de mayor tecnología para extraer el fluido) aspiran a alinearse con el mercado internacional para obtener el mayor premio para aquel esfuerzo.
Sin embargo, la mayor parte de los volúmenes gasíferos sigue negociándose al precio establecido en 2 dólares para el sector industrial y a 50 centavos de dólar para el residencial, de allí que el desfase es permanentemente cuestionado no sólo por operadoras, sino que es acompañado por las provincias productoras que dependen de tales precios para la liquidación de regalías y para dar continuidad a la actividad laboral en sus yacimientos.
El año pasado la presidenta Cristina Fernández había anunciado la recomposición paulatina de precios, pero el shock provocado por el traslado a tarifas de usuarios residenciales hizo retroceder al gobierno en tal decisión. Lo que no ha desaparecido es el problema de fondo: la actual estructura de precios, producto de una intervención sobre el mercado, sigue actuando como un elemento disipador de nuevas inversiones.
Según han planteado distintos analistas del mercado energético, la canasta de precios de los productos del sector tiene una distorsión en el país del orden de entre 50 y 60 por ciento (es decir, el precio en el país resulta más bajo), comparando tales productos con los que rigen en el resto del continente latinoamericano.
Y sigue siendo una materia pendiente la determinación de cómo se evitará que, si finalmente se abre la “válvula de los precios”, ésta impacte sobre los sectores más vulnerables de la población.
Desde otra visión ideológica, entidades como el grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) sostienen que la solución pasa por volver al manejo estatal del recurso hidrocarburífero, en términos de un bien estratégico y no como un producto de mercado.
Entre ambos extremos, el equilibrio sigue ausente y el país camina decididamente hacia una creciente dependencia en materia de energía.
El petróleo y su impacto en las naftas
En las últimas semanas hubo señales de que el precio del barril de crudo para el mercado interno seguirá evolucionando. El año pasado la gran discusión fue para que el tipo Escalante se incrementara y fue lo que ocurrió entre noviembre y marzo, pasando de 42 a 45 dólares. Ahora se asegura que se elevará hasta un piso de 50 dólares por barril, al que llegaría a fines del mes de julio.
Si bien la versión no fue aún confirmada en forma oficial en ámbitos públicos ni de la industria, hay indicios fuertes de que finalmente el incremento se producirá en esos términos. Con el mayor precio se benefician las operadoras , que así amplían su margen de ganancia por el petróleo extraído; y las provincias, que de ese modo reciben mayores regalías en sus arcas.
Mientras tanto, las refinadoras han continuado con los reacomodos de precios de naftas y gasoil, con tarifas que decididamente han comenzado a alinearse con los precios internacionales de los combustibles.
E n rigor es lo que viene ocurriendo en los últimos años, aun cuando la política del gobierno había apuntado a crear retenciones móviles y a congelar el precio interno para evitar las subas en los surtidores.
Sin embargo, las subas han sido constantes y superan ya largamente el 40 por ciento de incremento desde aquel período de referencia. En ninguna mesa de discusión se ha abordado hasta ahora cuál es la incidencia del precio del petróleo sobre la composición del precio de las naftas: en 1998 se dijo que dicho factor (el precio del crudo) era de sólo un 8 por ciento en la estructura total del precio; tal fue el argumento por el cual las naftas no bajaron cuando el crudo cotizaba a 11 dólares por barril en el mercado internacional.
Hoy el tema no forma parte de la agenda y los incrementos de combustibles llegan con una aceptación tácita oficial, sin que se planteen alternativas para evitar que los consumidores sigan pagando la maximización de renta obtenida por el sector de refino (tal como reconoció el presidente de Repsol, al enfatizar que buena parte de las ganancias de la compañía provinieron de la venta de combustibles y otros derivados del petróleo en la Argentina).
El gobierno nacional observa el tema sin tomar iniciativa alguna, ya que el expendio de combustibles (con una demanda con poca elasticidad) significa mayores ingresos por vía impositiva, ya que más del 50 por ciento de la estructura de precios se compone de impuestos. En ese plano, parece inocente postular una hipótesis de que, si se buscara evitar que continúe la espiral inflacionaria disparada por este fundamental insumo, el gobierno pudiera pensar en reformar tales gravámenes.
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