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| Energía: frazadas cortas para un crudo invierno |
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| La política energética crea muchas veces situaciones de inequidad incluso cuando las intenciones, al menos las que se esgrimen públicamente, persiguen lo contrario. Mientras los precios del gas natural en el país se mantienen congelados y desfasados de lo que marca el mercado internacional, por otro lado el precio del gas licuado –expendido en garrafas- ha subido más de un 140 por ciento desde la devaluación. La diferencia entre uno y otro es el subsidio que el Estado aporta para evitar una suba de tarifas a gran escala. En la práctica, se beneficia a sectores con más alto poder adquisitivo, en detrimento de los hogares más postergados del país que son, precisamente, los que consumen el gas en garrafa. |
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Durante la reciente realización del Congreso de Producción organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) en la provincia de Salta se hizo evidente que la distorsión de precios en el caso del gas –sin recordar que lo propio ocurre con el mercado del petróleo- provoca ya situaciones difíciles de explicar no sólo desde el plano de la economía, sino desde el más mínimo sentido común.
Es que mientras el país paga más de 7 dólares por cada unidad (medida en Millón de BTU, equivalente a unos 27 metros cúbicos) de gas importado desde Bolivia, las empresas que lo producen en Argentina no pueden venderlo a más de 2 dólares, si va a la industria o generación eléctrica. Algunos contratos pueden llegar a negociarse hasta 5 dólares, pero depende de que el productor enmarque su producción en los términos del programa “Gas Plus” y, luego, depende también de que encuentre un comprador dispuesto a pagarle ese precio.
Se trata de operaciones de mercado que ocurren a nivel de los grandes consumidores, como pueden ser las industrias. A menos que se quiera abjurar de la actividad industrial, habrá que convenir que el país la necesita si es que pretende, en algún momento de su sufrida historia, aspirar a dejar de ser productor de materias primas –con añadidos tecnológicos, es cierto, pero en gran porcentaje proveniente dicha tecnología de países desarrollados- y comenzar a elaborar bienes con incorporación de valor agregado.
Sin embargo, los cortes de suministro que afectan al sector industrial en cada temporada invernal –aun cuando no lleguen a producirse, el solo riesgo de cortes crea condiciones de inestabilidad que tornan difícil cumplir con cualquier tipo de planificación- tornan difícil de creer cualquier tipo de postulado industrialista.
Al mismo tiempo, muchos sectores industriales se han beneficiado en los últimos años con el consumo de energía barata, desfasada de sus costos reales de producción, lo que en no pocos sectores implicó un doble beneficio: no sólo por la baja incidencia de un insumo fundamental, sino porque al contar con producciones orientadas hacia mercados de exportación –como podría ser el caso de pesqueras que exportan congelados, por ejemplo- obtuvieron una doble rentabilidad en momentos de precios internacionales altos, combinados con insumos energéticos “baratos” en el país –aun cuando en el plano internacional también esos precios eran altos-.
Dichos beneficios no surgen por generación espontánea, sino que han sido pagados por el conjunto de la sociedad, ya que los más de 11.000 millones de pesos destinados por año a cubrir los subsidios cruzados en energía provienen –de dónde si no?- del erario público.
El mismo ejemplo puede pensarse para cualquier actividad industrial elaboradora de productos volcados principalmente al mercado exportador, por lo que en la práctica el país termina vendiendo –a muy bajo precio- insumos energéticos que en el mundo cotizan mucho más alto.
Lo que se va, en esos términos, es el gas barato que luego los ciudadanos argentinos deberán pagar a precio internacional, si es que no se revierte la actual tendencia y el país pasa a depender exclusivamente de la importación de hidrocarburos.
También los Estados provinciales hacen su aporte hacia aquella concentración de beneficios, ya que al percibir liquidación de regalías sobre precios de gas y petróleo mucho más bajos que los que marca el mercado internacional, hay una transferencia de ingresos indirecta, al no percibir lo que les correspondería si el energético se pagara al valor real.
No en vano la presidenta Cristina Fernández reconoció el año pasado que desde 2003 en adelante las provincias resignaron una masa de recursos del orden de los 21.000 millones de dólares, por regalías no percibidas (ya que mientras el petróleo costaba 100 dólares por barril, por ejemplo, las provincias cobraban sobre un precio interno de 42). En aquel momento se habló de un “aporte solidario” de los gobiernos provinciales hacia la totalidad del país, pero… ¿cómo funciona la “solidaridad”?
Según reveló un informe del diario Critica Digital en agosto del año pasado, las familias que usan gas en garrafa (es decir, no tienen gas natural y por tanto viven en sectores postergados) pagan el doble que los usuarios alcanzados por ese servicio. En efecto, según la publicación mientras el metro cúbico del gas en garrafa valía –en ese momento- $1,20, el metro cúbico del gas en redes se paga a $0,62 –precios en Capital Federal-. Dicho en otros términos: los más pobres pagan la energía más cara.
En las últimas horas, el presidente de la Cámara Distribuidora de Gas Licuada advirtió que el precio de la garrafa podría elevarse en un 25 por ciento, llegando a valores de 30 pesos por unidad de 10 kilos, al tiempo que desde la devaluación esta tendría acumulados incrementos del orden de un 140 por ciento (según entrevista a Javier Bauk publicada por “Asteriscos TV”).
Vale recordar que el gas natural para uso residencial se mantiene en torno a los 50 centavos de dólar por Millón de BTU. No se trata de promover una suba indiscriminada y aspirar a que todos los hogares del país deban pagar lo mismo que se le paga a Bolivia –es decir, 7 dólares-, pero sí de revisar el hecho de que este beneficio alcanza a bastos sectores con capacidad de pago (por ejemplo, los precios bajos alcanzan a hogares que disponen de piscinas y calderas para su climatización) mientras no llegan a beneficiar a familias de menores recursos y que sólo pueden acceder a algunas garrafas por mes para la cocina (sin contar los mayores gastos en energía que implica el uso de estufas eléctricas o a kerosén).
Al mismo tiempo, la política de subsidios indiscriminados ha creado otra distorsión y es la que impide consolidar una cultura de ahorro y eficiencia energética. En términos de economía, el costo del consumo es más bajo que el costo de la eficiencia, ya que no hay inversión –ni en industrias ni en hogares- en equipos que ahorran energía a partir de sistemas más eficientes.
Tal como muestran todas las estadísticas, el país afronta una delicada situación por la caída de sus reservas de petróleo y gas, siendo sobre todo en este último caso un fuerte condicionante la falta de precios para justificar mayores esfuerzos exploratorios y de producción. Tampoco en este caso caben generalizaciones y el comportamiento de las operadoras ha sido diferente, por lo que los contratos de concesión deberían prever los instrumentos necesarios para verificar cuáles han sido los niveles de inversión y su relación proporcional en base a la renta obtenida y los costos de producción. Sin embargo, en términos globales resulta claro que la inversión exploratoria –y más aun en tiempos en que los yacimientos no convencionales de gas comienzan a ser la principal opción ante la declinación natural de las áreas tradicionales- exigen de mayores esfuerzos y tecnología.
Más aun, incluso en yacimientos maduros –y la región del golfo San Jorge puede dar acabada prueba de ello- hay diversos niveles de comportamiento y proyectos de inversión que entusiasman por sus perspectivas y carácter innovador, pero que chocan indefectiblemente contra el corto plazo de las limitaciones de la estructura tarifaria.
Transcurridos ya siete años de gobierno kirchnerista, bien vale esperarlo: una revisión a fondo de la política energética estaría acorde con los postulados redistributivos que la actual administración dice defender. |
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