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| Hidrocarburos: los cortes que vienen |
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| Un nuevo invierno golpea a las puertas de la ecuación energética argentina y, como una especie de dejá vu, las perspectivas de cortes de gas para la industria parecen retrotraer los títulos de noticias de hace uno, dos o tres años. Al mismo tiempo, los irresueltos conflictos sociales de la región amenazan también, como en otras ocasiones, con cortar la circulación del tránsito hacia los yacimientos o el abastecimiento de combustibles desde la playa de tanques de YPF, ante la letanía y resignación de una sociedad cada vez más acostumbrada al desapego a las normas. |
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Este año al parecer el clima no ayudará a disimular la crisis de gas y 15 de las principales industrias del país, entre las que se cuenta la radicada en Puerto Madryn Aluar, ya recibieron notificaciones de que tendrían restricciones de suministro de gas del orden del 30 por ciento en los próximos días.
Más allá de la magnitud de la reducción –para priorizar el consumo doméstico-, el tema retrotrae el irresuelto problema de los precios del gas en boca de pozo, en tanto sólo el sector industrial abona hoy valores de mercado (en el orden de entre 4 y 6 dólares por Millón de BTU), mientras que sigue subsidiado el precio para el consumo residencial (en unos 50 centavos de dólar por MBTU); las centrales eléctricas, por su parte, pagan alrededor de 2 dólares por unidad (ya que un incremento más alto del insumo afectaría irremediablemente las tarifas de este servicio).
Al igual que hace algunos años, el origen del problema sigue radicando en la indefinición del gobierno nacional para sincerar los cuadros tarifarios, obstinándose en mantener un esquema de subsidios que en muchos casos termina beneficiando a los sectores sociales más favorecidos, lo que claramente atenta contra cualquier tipo de política que pretenda impulsar un necesario (y urgente) proceso de racionalización en el uso de la energía.
El tema es abordado en el Congreso de la Producción del Bicentenario que está celebrando el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en la ciudad de Salta, bajo el lema “El desafío de producir más”. En algunas de las conferencias, el tema de los precios atrasados y su impacto en la retracción de inversiones (déficit que se ha potenciado el año pasado además por la crisis internacional) aparece tácita o explícitamente.
Cuando el gobierno nacional intentó el año pasado adecuar las tarifas, la ola de protesta social en Capital Federal hizo retrotraer la medida, por lo que quedó desfinanciado el plan que en ese momento se había anunciado para constituir un fondo fiduciario destinado a financiar inversiones exploratorias.
En una especie de círculo vicioso, el problema sigue presente en cada pico de demanda, mientras la producción de gas sigue cayendo debido a la declinación natural de los yacimientos: mientras se aguardan mayores inversiones para el desarrollo de nuevas áreas gasíferas, particularmente en la provincia de Neuquén –principal productora de ese fluido-, las operadoras evalúan cada paso debido a que los precios actuales no garantizan el recupero de los desembolsos requeridos.
En ese contexto surgen situaciones contradictorias. YPF, por ejemplo, reportó en el primer trimestre de este año ganancias del orden de los 1.500 millones de pesos, un 200 por ciento superior a las del mismo período de 2009, pero al mismo tiempo su producción de petróleo y gas disminuyó 8,5 por ciento. A nivel provincial (considerando a todas las operadoras) la extracción de crudo disminuyó 8,5 por ciento y la de gas, un 9,4 por ciento, según datos del primer mes de 2010 contra el mismo del año anterior, publicados por el diario La Mañana de Neuquén. La caída incluso es superior al promedio nacional, ya que el total de provincias arroja datos que muestran bajas de 2,3 por ciento para el crudo y del 4,6% para el gas.
La conclusión, simple: el gas seguirá faltando. El futuro, predecible: el próximo invierno (o quizá antes, el verano si hay calor y en Buenos Aires se utilizan muchos acondicionadores de aire) los cortes de gas o energía eléctrica volverán a repetirse.
Los reclamos en la región
Mientras continúa latente la posibilidad de un endurecimiento de las medidas de protesta de los trabajadores de la construcción que hasta el año pasado desempeñaron tareas en yacimiento, vale preguntar cuál sería el camino para cumplir las expectativas de máxima de tal reclamo, es decir la reinserción en la actividad petrolera. La conclusión que surge de la respuesta de funcionarios públicos como de referentes empresarios es que no hay tal posibilidad en términos prácticos, ya que se trata de gente que se ocupó para obras que ya fueron realizadas y que no serán requeridas, nuevamente, por un largo tiempo.
Si bien en un yacimiento habitualmente se construyen piletas o tendidos de nuevas instalaciones que pueden requerir la ocupación de aquella fuerza de trabajo, la demanda no será suficiente para volver a incorporar un número importante de operarios, que en alrededor de 300 ó 400 ya implicaban un sobredimensionamiento para las necesidades laborales en ese tipo de tarea específica.
Así se reconoce en distintos ámbitos y se admite que la “burbuja” laboral estuvo inflada por presiones políticas y sindicales, a las que también cedieron las operadoras en aras de sus propias condiciones de negociación, pero que hoy se ha hecho imposible sostener. En el ámbito petrolero propiamente, el propio sindicato espera que la jubilación a través del “fondo compensador” permita disminuir la presión existente, ya que en voz baja también se admite que hay más trabajadores que puestos de trabajo genuinos.
Por otro lado, el hecho de haber pagado en su momento determinados montos de compensación a los operarios que concluían sus tareas de construcción (ante la opción de ampararse bajo la resolución 312 a la espera de que surgieran nuevos trabajos) refleja también el cortoplacismo de aquellas soluciones que se apuntalan “con plata”. ¿No debió prever el Estado el desenlace actual? Difícil hallar respuestas, en un contexto en el que también la política juega su propia carta. Sabido es que el gremio de la UOCRA fue a “empañar” el acto de campaña nacional realizado por el gobernador en Buenos Aires, semanas atrás, lo que habría motivado una dura reacción del mandatario a su regreso a la provincia: todo transcurrió en la misma semana en que los desocupados –identificados al princpio con el gremio de la construcción- comenzaron a arreciar su reclamo aquí, mientras que las propuestas de solución a través de trabajos temporales de obras públicas quedaron expuestas desde el carril municipal. Así, hoy la provincia del candidato presidencial tiene su propia situación de conflicto, similar a los que suelen asolar la provincia del otro candidato presidencial, que dejó el cargo en 2007 y pretende volver en 2011.
Más allá de los orígenes de los reclamos, un dato que provoca creciente preocupación es el tenor que cobran las manifestaciones y el cada vez más desapegado comportamiento frente a las normas, por no mencionar los hechos delictivos que implicaron las quemas de vehículos o, recientemente en la localidad de Cañadón Seco, el reclamo de un grupo de soldadores que terminó soldando el portón de la base de la empresa YPF, con empleados adentro.
La virulencia de las manifestaciones y la permanente situación de conflicto en las rutas del país, ya que no es patrimonio exclusivo de la cuenca, está provocando la caída sistemática de empresas medianas y pequeñas, como ocurrió recientemente con una importante compañía de servicios que decidió cerrar toda una línea de actividad en las provincias de Neuquén y de Salta, con 200 operarios despedidos.
Las fuertes presiones de mayores costos y las pérdidas causadas por días caídos en cuanto conflicto se traslada a las rutas está resquebrajando la estructura empresaria del sector pyme, a la postre el mayor generador de empleo, pero que no cuentan con el respaldo similar al de una operadora cuyas tasas de rentabilidad le permiten otro margen de maniobras.
En la tierra del todo vale o la ley del más fuerte, afloran claramente las consecuencias del desdibujamiento del rol del Estado en la determinación del respeto y cumplimiento a la legalidad, algo que no sorprende en un sector del cual se había retirado hace ya tiempo, renunciando a su rol de orientador estratégico para asegurar el normal abastecimiento de los insumos energéticos del país.
Foto: infobae.com |
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