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| Gas y petróleo: la encrucijada de los precios |
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| El reclamo de las provincias productoras de hidrocarburos ante Nación para que se eleve el precio de referencia del barril de crudo se encuentra, tal como se dijo en esta columna semanas atrás, en un callejón de difícil salida. Así parecen confirmarlo los referentes de cada sector, más por lo que se calla que por lo que se afirma públicamente, al final de cada reunión en la que es abordado el tema. |
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También es claro que en el tema incide la relación política entre los gobernadores provinciales y el gobierno nacional, mientras que aquellos, a su vez, se ubican en distintas posiciones según la situación de sus provincias. Más urgidos algunos, como el caso de Santa Cruz, por finanzas jaqueadas por un ahogo estructural. Más holgadas otras, como Chubut, con una situación menos complicada desde el punto de vista financiero, pero con un gobernador jugando fichas políticas en las ligas nacionales y con las consecuencias que ello conlleva, frente a un gobierno nacional debilitado pero lejos de resignarse a ceder porciones de poder.
Desde el punto de vista técnico, ha habido argumentaciones concretas en la última reunión. Las provincias aducen que han cedido recursos para sostener precios de combustibles que, no obstante, igual aumentaron, a un promedio superior al 30 por ciento, desde que comenzó a regir la resolución 394 de noviembre de 2007. Por ese instrumento se incrementaron las retenciones móviles, estableciendo los precios de referencia para el mercado interno en 42 y 47 dólares, para los crudos Escalante y Medanito, respectivamente.
Hoy, con situaciones deficitarias que en muchos casos implican dificultades para pagar los sueldos estatales, la salida de urgencia para algunos es un incremento en la liquidación de regalías que se obtiene al incrementar el precio de referencia. En ese marco, una vez más juega la situación en que se encuentren unas y otras.
Por otro lado, sería un error circunscribir la discusión sólo a una cuestión recaudatoria. Está claro que las operadoras que extraen crudo requieren un mayor precio de referencia para viabilizar inversiones que hoy no resultan rentables. Recientemente se expuso en una jornada organizada por el IAPG en Comodoro Rivadavia sobre el alto costo que implica la producción de crudos pesados como los que caracterizan a esta región. La combinación entre esa característica química y la madurez de los yacimientos hace necesario un valor de referencia que permita recuperar expectativas de inversión. Según un axioma del mercado energético (aunque la regla es generalizada), las petroleras con multiplicidad de opciones de inversión en distintos lugares del mundo priorizan proyectos donde la renta es mayor. El precio interno y el cepo a las exportaciones en el país confirma aquel comportamiento, mientras que las estadísticas reflejan drásticas caídas en los stocks de reservas y producción en las principales cuencas del país. Un reflejo de ello se dio estos días al trascender la reducción de reservas de Neuquén, tanto en petróleo y gas, al caer un 60 por ciento en los últimos diez años.
También en ese plano la posición de Chubut parece más sólida para sentarse en una mesa de discusión hidrocarburífera nacional. Sus niveles de reserva y producción le permiten una postura menos signada por las urgencias, aunque no por ello totalmente liberada de los problemas que arrastra el país en materia de energía. Para esta región es vital un nuevo precio de equilibrio, en tanto hay cerca de mil trabajadores con jornadas reducidas, a la espera de que se reactiven planes de inversión, teóricamente dependientes de aquel incremento del barril.
En las últimas reuniones no pasaron desapercibidos los posicionamientos de proyección nacional asumidos por el gobernador. Una de esas posturas estuvo vinculada al recurso de amparo impulsado contra el incremento en las tarifas del gas para usuarios residenciales, que finalmente debieron retrotraerse y que implicó un fuerte revés para el gobierno nacional. Aquel incremento tarifario estaba destinado a cubrir parcialmente las mayores inversiones anunciadas para la cuenca neuquina, ya que el Fondo Fiduciario creado por esa medida estaba destinado a abonar las importaciones de gas, por un lado; y a solventar nuevas inversiones por el otro.
En ese plano, funcionarios nacionales habrían enrostrado una contradicción entre el posicionamiento asumido por el gas y el reclamo impulsado para que se eleve el precio del barril de petróleo. Más allá de lo que puede quedar en el terreno de las chicanas políticas, también ahora se plantea quién asumiría el costo de un precio de referencia más alto para el barril, insumo fundamental para la elaboración de combustibles. Las refinadoras habían advertido semanas atrás que un nuevo precio se reflejaría en un aumento promedio de 10 por ciento de las tarifas de naftas y gasoil.
Ello tal vez encuentre respuesta en el análisis iniciado de cara a la próxima reunión, prevista para el 18 de septiembre. Si los combustibles tuvieron reacomodos de precios aun con un barril bajo techo, esos aumentos parciales podrían acortar la distancia con la tarifa de combustible al que pretenden llegar las refinadoras (la referencia más cercana es la que regía en la convertibilidad: 1 litro de nafta-un dólar, aunque hay quienes llevan la ecuación muy por encima de ese valor.
Por otro lado, resta conocer si los nuevos precios anunciados para el gas en boca de pozo podrá sostenerse sin el financiamiento parcial que aportaría el incremento de las tarifas residenciales. Es que si ello no puede sostenerse, retornaría un grave conflicto en la cuenca nequina, con derivaciones que amenazan extenderse a otras regiones del país. En el golfo San Jorge, el 31 de octubre vence el acuerdo de paz social y se esperaba que para esa fecha hubiera algunas soluciones, entre ellas un nuevo precio de equilibrio.
Tal vez por eso algunos observadores kirchneristas reconocían días atrás: “el gobierno nacional está enojado con Mario, pero tendrán que encontrar un camino de racionalidad, porque nadie quiere un nuevo conflicto. El límite va a ser ese”.
Una de las pocas variables que admite rango de maniobra es la estructura de impuestos que pesa sobre los combustibles. Tal vez si el gobierno nacional cediera parte de su recaudación por ese rubro, reduciendo alícuotas tributarias, la mayor incidencia del crudo podría absorberse bajo la estructura tarifaria actual.
Otra variable no aparece por ahora en la superficie de las discusiones: es la que mide cuál es el peso relativo del petróleo en la estructura de costos de los combustibles. Porque cuando el crudo valía 11 dólares, en 1998, se dijo que la incidencia era mínima. Las refinadoras, hoy, tienen un argumento diametralmente opuesto. |
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