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| Precios de gas y petróleo: ¿habrá impacto en las tarifas? |
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| El acuerdo firmado entre Nación y las provincias productoras de hidrocarburos para elevar el precio del gas en boca de pozo podría tener una consecuencia sobre las tarifas de energía, salvo que se cumplan los mecanismos adoptados en el mismo convenio para que el mayor precio no sea trasladado en forma directa. También la modificación del precio de referencia del barril de petróleo para el mercado interno, si es que finalmente se eleva ese valor, podría tener un correlato en los surtidores, si bien las naftas y gasoil han aumentado sostenidamente en los últimos meses y muestran incrementos en dólares superiores al 30 por ciento. Para sostener las tarifas desde 2003 en adelante, las provincias hidrocarburíferas dejaron de percibir más de 20.000 millones de pesos por regalías gasíferas y más de 9.800 millones por regalías petroleras. Para Chubut esto representaría alrededor de 3.200 millones de pesos. |
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En realidad el sinceramiento de precios o un acercamiento a tarifas reales es el precio que deberá pagar el país por no tolerar más una estructura de subsidios que, desde diciembre de 2008 hasta el presente, insumió algo más de 22.000 millones de pesos.
Tales subsidios fueron aportes del Estado nacional para cubrir el desfase de los precios de electricidad y gas. En el primer caso, porque la suba de costos (de cobre y todo tipo de componentes importados requeridos para generar electricidad) no pudo ser trasladada en forma directa por los generadores a los distribuidores y consumidores, ya que el objetivo de controlar la inflación justificaba altos niveles de regulación en el mercado.
Al mismo tiempo, el sistema de generación eléctrica se veía compensado por el congelamiento de precios del gas, insumo utilizado para abastecer la mayor parte de las centrales eléctricas del país, ya que en los 90 se incentivó la instalación de este tipo de fuentes energéticas, en detrimento de otras.
Digresión: la generación hidroeléctrica se utiliza cada vez menos y las centrales nucleares, cuestionadas desde el punto de vista ambiental, estuvieron a punto de privatizarse en tiempos de un neoliberalismo hoy abjurado por muchos de sus protagonistas. El gobierno de Kirchner ha vuelto a invertir en energía atómica, pero sin destinar una mínima proporción de ese esfuerzo para el desarrollo de fuentes renovables, como la energía eólica.
Retomando: el congelamiento del precio de gas en boca de pozo, que hasta el acuerdo recientemente firmado era de un valor promedio inferior a 1 dólar por Millón de BTU (a partir del convenio, CAMMESA deberá pagar 2,40 dólares por unidad) contribuyó a un objetivo que, en palabras de la Presidenta Cristina Fernández durante la firma que se concretó el martes, buscaba “incentivar el desarrollo de la industria nacional tras la crisis de 2002”.
En efecto, el sostenimiento de tarifas energéticas subsidiadas fue uno de los argumentos para promover un proceso de sustitución de importaciones que para el país se hizo necesario tras la devaluación de principios de siglo, a raíz de la caída de la convertibilidad.
Sin embargo ese objetivo, valorado en tanto política de Estado para afrontar una coyuntura sumamente crítica, derivó pronto en distorsiones que no fueron corregidas a tiempo. Como la misma mandataria reconoció ante los gobernadores petroleros en el acto del martes, muchas industrias que se benefician por colocar la mayor parte de sus productos en el mercado de exportación (percibiendo por ello ingresos en dólares, a precios internacionales) se vieron a su vez beneficiadas por comprar una energía barata, cubierta por los subsidios estatales (por tanto, por la mayor parte de la población).
Entre ellas, muchas empresas pesqueras que mantuvieron altos índices de producción y exportación de producto congelado (con escaso valor agregado) se encontraron en la región patagónica en una situación sumamente ventajosa durante buena parte de esta década.
De la otra cara de la moneda, el Estado nacional y las provincias productoras hicieron un fuerte aporte para contribuir a un modelo que supuestamente pretendía desarrollar una industria de base.
El aporte de los Estados petroleros
Desde 2003 en adelante, las provincias productoras dejaron de percibir 20.255 millones de pesos en concepto de regalías gasíferas. Y por menores ingresos por regalías petroleras, los estados productores cedieron 9.896 millones de pesos. Tales montos fueron difundidos por CFK en su discurso del martes último y corresponden a la diferencia entre los precios “pisados” en el país y los que cotizó el mercado internacional.
Si se considera que Chubut participa de alrededor de un 25 por ciento de los ingresos totales por regalías de crudo (es la que mayor ingreso percibe por este concepto), a esta provincia dejaron de ingresar más de 2.400 millones de pesos. En gas su participación es mucho menor y “casi marginal”, pero en cifras concretas esta provincia recibió el año pasado unos 50,6 millones de dólares. Su participación fue de 4,4 por ciento sobre el total de la torta, por lo que si se traspolara esa proporción al total aportado por las provincias desde 2003 en adelante, podría estimarse que Chubut cedió más de 890 millones de pesos.
No se trata de ubicar en rol de víctima a las provincias (que forman parte de un país que no está beneficiado en toda su extensión por la tenencia de hidrocarburos), pero está claro que el ahogo de precios de gas se hacía insostenible y aún queda camino por recorrer, considerando que el país le paga a Bolivia alrededor de 7 dólares por Millón de BTU, para importar un fluido que hoy no puede ser aportado por la decadente producción de sus propios yacimientos.
Aquellas distorsiones no corregidas a tiempo terminaron por dar sustento argumental a reglas de mercado que, sin precios adecuados, no hallaron incentivo para invertir y revertir la declinación de los índices de petróleo y gas.
¿Habra aumento de tarifas?
Según planteó la Presidenta el martes ante los gobernadores petroleros, el mayor precio de gas en boca de pozo no debería trasladarse a tarifas residenciales de consumo de energía eléctrica. Según expresó, el Estado nacional realiza en este acuerdo un aporte adicional de 836 millones de pesos, para evitar un incremento tarifario que hubiera oscilado entre 19 y 41 por ciento.
Ahora bien, según diversas fuentes informativas, el aporte el de ese nuevo subsidio está solventado, al menos parcialmente, por el decreto que en diciembre último permitió un cargo adicional para usuarios de altos consumos (residenciales e industriales), a fin de cubrir el costo del gas importado.
En este plano, se especula con el resultado judicial que podría tener la presentación de recursos de amparo que se ha promovido desde algunos ámbitos en representación de “usuarios y consumidores”. Según las mismas especulaciones, un eventual revés judicial para aquellos cargos adicionales desfinanciarían el aporte para evitar los impactos tarifarios a los usuarios residenciales de menores consumo.
Como planteó días pasadas un analista nacional, el gobierno nacional no tendrá otro camino que tomar los recaudos necesarios para evitar que el impacto tarifario recaiga sobre sectores más vulnerables. Pero dicha tesitura no puede sostenerse para sectores altos ni, mucho menos, para sectores industriales con inserción internacional.
Por otro lado, resta por resolver el reclamo de las provincias productoras para mejorar el precio del barril de crudo en el mercado interno. Ello derivaría también en mayores ingresos por regalías y en un incremento de la producción que, en suma, se requiere con urgencia para sostener alrededor de mil puestos de trabajo que por ejemplo hoy no tienen clara inserción en Chubut. A ello se suman otros 4.000 empleos que estuvieron a punto de caerse en Neuquén.
En la mesa de negociaciones por el tema del petróleo, las operadoras tienen intereses contrapuestos, ya que las que refinan crudo no están en la misma situación que las que sólo se dedican a extraerlo. Las primeras lograron mejorar ingresos vía precios de combustibles, que desde octubre de 2008 en adelante suman incrementos en dólares que superan el 30 por ciento.
De igual modo, el mayor precio de petróleo podría trasladarse a los surtidores, salvo que también en ese acuerdo se adopten vías de compensación para evitar el impacto sobre la totalidad de los usuarios. Una menor presión impositiva sobre el litro de naftas podría ser, según algunos analistas, una alternativa a la hora de evaluar este renglón, que tendrá su continuidad en la reunión programada para la primera semana de agosto. |
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